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Hola , amigos:

Casi toda América Latina está envuelta en escándalos de corrupción, que van desde el Presidente Lula en el Brasil, hasta Toledo en el Perú… y parece que vienen más.

Muchos son los latinoamericanos y peruanos que están deprimidos y más aún los que viajan al exterior porque es allí donde se escucha mejor el siguiente susurro: “la cultura latinoamericana es propensa a la corrupción”.

Este susurro es falso. En las líneas que siguen les voy a probar que no es nuestra cultura, que nos pertenece a todos, la que es proclive a la corrupción sino nuestro sistema legal que hasta ahora continúa construyéndose a la medida de las necesidades de una elite.

La primera prueba es que no es nuestro pueblo a quien los fiscales están acusando de corrupción, definida como “la utilización de las funciones de las organizaciones públicas en provecho propio”, sino a las élites que gobiernan y las que se benefician de contratos con estos gobiernos y que estadísticamente no son más que una fracción del 1% de la población peruana.

La segunda es que los casos de posible corrupción que se están ventilando se refieren a obras públicas de gran envergadura. Aquellas que sólo pueden ser creadas y gerenciadas por élites que saben montar, operar, y financiar proyectos de infraestructura complejos, como lo son la Interoceánica y Chinchero.

La tercera es que para extraer de una obra pública un beneficio económico privado a costa del interés público –llamémosle una “tajadita”- no es algo con lo que esté familiarizado el pueblo latinoamericano; para ello se requieren operadores transnacionales que saben combinar diversos componentes técnicos con financiaciones y presupuestos internacionales.

La cuarta es que para ciudadanos o políticos de a pie no es fácil extraer una tajadita, ya que estos no saben operar en el mundo de los valores abstractos. Es decir, la empresa que le saca tajaditas a un proyecto complejo --digamos un aeropuerto-- no usa un cuchillo para cortar pedazos de pista o de un counter y luego quedárselos o venderlos. La empresa saca su tajada más bien usando un lapicero para rebanarle al Estado los derechos necesarios para cumplir varias funciones como garantizar créditos, convertirlos en acciones que puede entregar a socios capitalistas a cambio de inversión o para ser el dueño del derecho a cobrar distintos peajes por servicios.

Nada de esto es ilegal ni corrupto. Lo que puede ser corrupto es si el lapicero se usa para abrir espacios escondidos en el acuerdo con el Estado que le permiten a la empresa concesionaria incrementar los costos de la obra y sus propios ingresos, ya sea proponiendo tasas de interés exorbitantes que obligaran al Estado usar sus ahorros o acudir al mercado de créditos atados con términos de referencia incompletos donde se corre el riesgo de quedar amarrado a condiciones que les permiten a proveedores privilegiados subir sus precios artificialmente a punta de licitaciones restringidas y adendas presentadas como último recurso (según funcionarios del Banco Mundial sólo las ataduras han incrementado los costos de proyectos hasta un 400%).

Comprendo la frustración del Presidente cuando dice “que lo de Toledo es una traición al pueblo peruano” por recibir una coima a cambio de entregar un gran proyecto. Pero actuar bajo la hipótesis de que el problema es Toledo y no el sistema, no es realista. Traidores siempre han existido tanto en el cielo como en la tierra: desde Lucifer en el entorno de Dios Padre, Judas en el de su Hijo Jesucristo, Menem que le devolvió el sacrificio que Perú hizo durante Las Malvinas, vendiéndole armas al Ecuador cuando nos tenían acorralados en el Cenepa; hasta Montesinos condenado por armar a narcotraficantes en Colombia.

El problema, como siempre lo ha dicho el propio Presidente, es la informalidad, es decir, la falta de un sistema legal que le cierre los espacios a cualquier intento de corrupción, sea por coima o por “tajadita”. Aunque no existieran ni Lucifer, Toledo o Montesinos, como dijo el filósofo Immanuel Kant: hasta en una sociedad de ángeles se necesita el derecho formal.

Sólo con registros formales que contengan y mantengan al día el conocimiento preciso de qué concesionario está obligado a qué condiciones, quién es dueño de qué en el Perú y quién tiene su mano metida en qué bolsillo, se puede combatir la corrupción.

Por eso es una pena que PPK haya desperdiciado la oportunidad que le dio el Congreso de construir un programa de formalización anti-corrupción en base a facultades delegadas. Ninguno de los 112 decretos legislativos contiene las herramientas o la estrategia necesaria para identificar y anular las fuentes de la corrupción ni los diseños para formalmente registrar al país. Inclusive, tal como está planteado el proyecto técnico de Chinchero, siguen abiertos los espacios que le permiten contratista bajar sus obligaciones y endeudamientos y aumentar los del Estado.

En otras palabras el gran reto de este gobierno no sólo es identificar y sancionar a las élites corruptas, sino crear un sistema formal que proteja la propiedad privada y pública de todos los peruanos. Nuestras críticas son constructivas, tenemos varias propuestas las cuales se encuentran en esta misma página web.

Para ir conociendo estas propuestas, recomendamos especialmente dos videos: uno en español (El Misterio del Capital de los Indígenas Amazónicos) que fue elaborado a raíz de los lamentables sucesos del llamado “Baguazo” y donde se demuestra cómo los indígenas amazónicos sufren de la falta de acceso a los derechos de propiedad como causa de sus problemas. El otro video recomendado, todavía en idioma inglés, se llama “Globalization at the Crossroads” que ha sido transmitido a millones de personas por la televisión europea y estadounidense y que presenta la magnitud de estos problemas a nivel de todo el mundo.

Hernando de Soto